En la Constitución española existe un derecho denominado Derecho a la Propiedad Privada que protege y ampara a cualquier individuo para disponer de un bien inmueble y ser titular del mismo. Sin embargo, hay diversas situaciones en las que una persona se ve obligada a abandonar su hogar en contra de su voluntad. En esto consiste la expropiación forzosa.
Desde Escariz Abogados hemos preparado este artículo para guiar a todas aquellas personas que se han visto sometidas a una operación de esta naturaleza y consideran que se ha vulnerado sus derechos o no se ha cumplido con la ley que indica que se debe ser indemnizado por un precio justo.
¿Qué es la expropiación forzosa?
La expropiación forzosa tiene lugar cuando una administración pública, ya sea municipio, diputación, comunidad autónoma o el Estado, decide aprobar la construcción de una infraestructura de utilidad pública, ya sea una carretera, una vía ferroviaria, un polígono industrial… afectando a terrenos privados, por lo que lo adquiere por un determinado coste, conocido como justiprecio.
Como decimos, dicha Administración ha de indemnizar a los afectados con un pago que se ajuste a las características del bien expropiado. Si usted ha sido afectado por una expropiación o prevé que lo va a ser en un futuro, le interesará saber qué cuestiones caracterizan a la expropiación para que sea considerada como tal.
En primer lugar, las expropiaciones solo las pueden efectuar las administraciones públicas a las que la ley otorga el privilegio expropiante. Bajo ningún concepto la podrá llevar a cabo un particular, una empresa privada o cualquier otro tipo de organismo.
La expropiación forzosa es llamada así porque se trata de un procedimiento en el que el expropiado está obligado a acatar la decisión de la administración. Por esta razón, en el reglamento jurídico español, en la declaración de expropiación debe realizar un escrito claro y perfectamente comprensible que haga constar que los derechos del particular estarán protegidos en todo momento.
El problema de las expropiaciones forzosas es que en muchas ocasiones las administraciones abonan un importe mínimo que no cumple con los requisitos de justiprecio que estipula la ley. Si no se llega a un acuerdo, el siguiente paso es que el Jurado de Expropiación fije el importe.
Si el propietario o propietarios siguen sin estar conformes con la cifra, se podrá reclamar en los tribunales. Para ello será totalmente necesario el asesoramiento y ayuda de un bufete de abogados especializado en estas cuestiones como Escariz Abogados.
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